1. Ante la actual crisis financiera que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que se diera cuenta en la última reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estado Americanos, el Gobierno de Chile reafirma una vez más su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y manifiesta su decisión de impulsar iniciativas con los demás países de la región para encontrar fórmulas que le permitan a la CIDH resolver esta grave situación.
2. Valoramos muy especialmente el importante rol desempeñado por la CIDH en la defensa de la democracia en nuestro continente y en la salvaguardia de los derechos de las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, como ocurrió durante el régimen dictatorial que imperó en Chile por cerca de 17 años.
3. Como expresión de nuestro apoyo concreto a la CIDH, queremos destacar el ofrecimiento del Gobierno de Chile, como país anfitrión, para que la CIDH realice un período extraordinario de sesiones en Santiago, lo que se concretará del 6 al 10 de junio próximo. Durante ese encuentro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, reiterará el compromiso del Gobierno para que éste sea uno de los temas que se aborden con el fin de buscar una solución conjunta.
4. En el mismo sentido, hemos dispuesto para este año contribuciones voluntarias que, sumadas a las que puedan hacer otros países, debieran contribuir a evitar una paralización de las actividades de la CIDH en los próximos meses.
5. Asimismo, nos comprometemos a aunar esfuerzos y acciones en los espacios y foros internacionales a fin de facilitar a largo plazo el adecuado funcionamiento de todos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
6. Por último, el Canciller Heraldo Muñoz, quien fuera el primer embajador de Chile ante la OEA tras la vuelta a la democracia en 1990, ha reafirmado que nuestro país seguirá brindando su apoyo a la Comisión, y al sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, por su eficacia para proteger las libertades individuales y fortalecer los Estados de Derecho en el continente.